Desde comienzos de 2026, todos los propietarios que gestionan alquileres de corta duración o alquileres de temporada en España están sujetos a una nueva obligación legal que ha generado dudas y preocupación en el sector inmobiliario. Esta obligación deriva del Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, que establece la necesidad de presentar un modelo informativo anual sobre los arrendamientos de corta duración realizados durante el ejercicio anterior, así como de la Orden VAU/1560/2025, en vigor desde el 2 de enero de 2026, que regula el procedimiento y los requisitos del depósito ante el Registro de la Propiedad. Esta normativa obliga a quienes disponen de un Número de Registro Único de Alquiler (NRUA) a presentar anualmente el denominado depósito de arrendamientos de corta duración mediante el modelo N2 a través de la aplicación oficial habilitada por el Colegio de Registradores de España. 

La primera presentación obligatoria de este modelo corresponde al periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 2 de marzo de 2026, ya que el último día de febrero de ese año es inhábil, conforme a la información facilitada por los Registradores de España. A partir de entonces, la presentación será anual cada mes de febrero. El alcance de esta obligación es amplio y afecta tanto a alquileres turísticos como a alquileres por motivos de trabajo, estudios, tratamientos médicos o cualquier otra causa que no constituya vivienda habitual. Incluso en aquellos casos en que no se haya producido actividad durante el ejercicio, el depósito debe igualmente presentarse marcando la casilla correspondiente a la ausencia de actividad. La falta de presentación del modelo en el plazo previsto implica la revocación automática del NRUA y la imposibilidad de comercializar el inmueble en plataformas digitales, lo que supone un perjuicio directo para los propietarios y gestores de alquileres.

El contenido del modelo N2 se centra en la recopilación de información anonimizada sobre la actividad realizada. Deben declararse la finalidad de cada arrendamiento, el número de ocupantes, las fechas de entrada y salida, así como el NRUA asignado a la finca. Cabe subrayar que este modelo no constituye una obligación tributaria ni implica pago alguno; es una comunicación informativa destinada a mejorar la coordinación entre administraciones, conocer el uso efectivo de los alojamientos de corta duración y reforzar el control de la actividad. Para los propietarios, este trámite no sustituye a otros requisitos autonómicos o municipales, sino que complementa la normativa existente y permite mantener regularizado el inmueble dentro del Registro Único de Alquiler. 

La normativa permite que la presentación del modelo N2 sea realizada por un tercero en representación del titular registral siempre que se acredite adecuadamente la representación. Los Registradores de España indican que pueden actuar como representantes gestores, administradores de fincas, asesores inmobiliarios, abogados o cualquier profesional autorizado, siempre que cuenten con una autorización firmada por el propietario o un poder suficiente. Cuando el trámite se realiza de forma telemática, el representante utilizará su propio certificado digital acompañado del documento acreditativo de la representación. En ausencia de dicha acreditación, el Registro emitirá un requerimiento de subsanación que, de no ser atendido, puede derivar en la pérdida del NRUA con todas sus consecuencias.

Estas nuevas obligaciones representan un cambio significativo en la gestión de los alquileres de temporada y obligan a los propietarios a organizar y documentar correctamente su actividad. También suponen un refuerzo en la profesionalización del sector, ya que la presentación del modelo N2 exige precisión, cumplimiento de plazos y dominio del procedimiento telemático. Para los profesionales inmobiliarios, este escenario abre nuevas oportunidades de servicio, especialmente para aquellos propietarios que prefieren delegar la presentación y el seguimiento de estas obligaciones formales en equipos especializados.